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Patricia perez y Laura Martin

El decreto del Gobierno tendrá un coste de 740,5 millones

Más de 400 millones de euros estarán destinados a la bonificación de contratos

Unos 740 millones de euros será el coste hasta 2012 de la aplicación de la reforma laboral del Gobierno, según la 'Memoria del análisis de impacto normativo'. La iniciativa más costosa, de 471,17 millones, estará destinada a bonificaciones del empleo, lo que supondrá un ahorro significativo para los empresarios. No obstante, desde CEOE se reclamaba reducción generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social y supresión de este tipo de ayuda.

De ese total (471,17 millones) 124,17 millones servirán para fomentar las colocaciones estables de los jóvenes con edades entre los 16 y los 30 años, cuya tasa de desempleo supera el 40%; 212,88 millones, para la reinserción de los parados mayores de 45 años; y 53,58 millones para la conversión de puestos de trabajo temporales en indefinido. Además, habrá 80.54 millones para los contratos para la formación. A continuación, el importe más elevado, de 123,623 millones de euros será para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Una tercera partida de 115,76 millones ayudará a la implantación en España del denominado modelo alemán consistente en utilizar la reducción de la jornada como instrumento de ajuste laboral y evitar de esta manera despidos. Los 115,76 millones se repartirán en 63,36 millones que financiarán la ampliación al 80% de la bonificación por mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por las regulaciones temporales cuando se desarrollen acciones formativas durante la suspensión.

Otros 30 millones estarán destinados al reconocimiento de la prestación de desempleo en los contratos para la formación, 16 millones corresponderán al año 2011 y los restantes 14, a 2012. Esta medida beneficiará a los jóvenes.

De la memoria se desprende que la reforma generará 2.370.220 contratos indefinidos, de ellos, el 65% se registrara de julio a diciembre de 2010. No obstante, los cambios entraron en vigor el pasado 18 de junio.

El Gobierno justifica en la memoria el haber utilizado un decreto para introducir los cambios. Argumenta que esa fórmula es «el procedimiento de elaboración que ha sido habitual en las reformas laborales» realizadas en las últimas décadas.

Igualmente asegura que «agotados los esfuerzos» por alcanzar la adopción de medidas por consenso, era imprescindible «dinaminar el mercado de trabajo». Asimismo el mantenimiento del empleo existente requería cambios.