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El Gobierno aprueba hoy la reforma laboral sin garantías para convalidarla

El Ejecutivo no logra ningún apoyo expreso tras reunirse con todos los grupos

FERNANDO GAREA / ANABEL DÍEZ - Madrid - 16/06/2010

La mayoría de los partidos quiere esperar a tener hoy el decreto

Solo ERC enseña su propuesta e insta a los demás a que se definan

Otra vez José Luis Rodríguez Zapatero llegará a una votación en una situación límite, contando diputados y a la espera de un gesto de algún partido que le aporte votos a última hora. Al menos esta era la impresión de ayer tras una primera ronda con todos los grupos . El decreto que se apruebe hoy entrará en vigor inmediatamente, a falta de su convalidación la próxima semana. Si no lograra ese día mayoría simple, el texto decaería y dejaría de estar en vigor, además, el Gobierno sufriría una derrota política de tal calibre que estaría en juego, de nuevo, el final abrupto de la legislatura. Si el Gobierno reúne mayoría simple el texto seguiría en vigor, pero se tramitaría como proyecto de ley y en ese proceso es en el que los grupos podrían introducir cambios y enmiendas. Se aprobaría en otoño, después de otro calvario de negociaciones.

El Gobierno intentó en los últimos días tener ya un compromiso de los grupos proclives a la reforma, pero no lo consiguió. CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria, con distinto nivel de rechazo, se reservan hasta el día 22 el sentido de su voto, pero ayer ya aclararon que, tal y como está el último texto que les presentó el Gobierno, no están de acuerdo con la reforma laboral.

El Ejecutivo anoche iba a afinar algunos preceptos sobre el decreto que hoy aprobará. Desde la izquierda, y de manera muy enfática ERC, se pide más precisión sobre el despido por causa de dificultades económicas de la empresa. Esta modalidad tiene una indemnización de 20 días por año trabajado. Ahora bien, la negociación firme y de calado empezará hoy, nada más aprobarse el decreto, y hasta la víspera de la convalidación.

Aunque ya no se podrá cambiar el texto, los grupos pedirán al Gobierno y al Grupo Socialista "un compromiso solemne" de que serán tenidas en cuenta sus consideraciones en la tramitación de la reforma como proyecto de ley. Si no es así, no apoyarán la convalidación. El Grupo Socialista no sabe aún con quien puede contar.

"Estamos reuniéndonos con todos los grupos para tener al final un cuadro con las posiciones de cada uno de ellos y saber a qué atenernos", reconoció ayer el portavoz socialista, José Antonio Alonso.

CiU es el único partido que por sí solo garantiza la convalidación del decreto y, por eso, su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, mantiene la cuerda de la negociación tensada al máximo. Tras reunirse con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, Duran se remitió al día 22 para fijar su posición definitiva y dijo claramente que el texto del Gobierno "no puede ser aceptable" por CiU. Algo parecido dijo el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que aseguró que la decisión la tomará la ejecutiva de su partido la víspera de la convalidación. "Hasta que no conozcamos el decreto no tenemos una posición definitiva", dijo. Coalición Canaria también dará a conocer su opinión cuando conozca el decreto. Y también UPyD basará su voto en los contenidos.

ERC es quizás el partido que más abiertamente declara que quiere participar en una reforma "que han pedido todos los grupos políticos, aunque ninguno muestra su propuesta", afirma su portavoz, Joan Ridao, que ha entregado al Gobierno una propuesta completa con sus posiciones. "No somos cautivos ni de la patronal ni de los sindicatos, no vamos a hacer tactismo, nuestro voto será en función del contenido", aseguró antes de calificar de "estimables" algunas de las propuestas del Gobierno, e inasumibles otras.

La izquierda minoritaria no apoyará de ninguna manera el texto, al estimar que la reforma debe tener el apoyo de los sindicatos y no ser aprobada por decreto. ICV e IU enviaron ayer una carta de queja al ministro de Trabajo. "Ni el señor Corbacho ni el señor Zapatero se han dignado dirigirse a nosotros", lamentó el portavoz de ICV, Joan Herrera. El Grupo Socialista sabe que no podrá contar con ellos ni tampoco con el BNG y Nafarroa Bai.

ABC

El 55 por ciento de los españoles dudan de que la reforma laboral cree empleo

De nuevo parece confirmarse que el líder del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de los pocos que no pasa por una «depre» a cuenta de la situación económica del país. Y es que la encuesta de DYM para ABC arroja con toda crudeza la escasa confianza que los ciudadanos tienen en las medidas anti-crisis puestas en marcha por el Gobierno. Tienen reticencias respecto del «decretazo» social, pero también, y muchas, cuando se les interroga sobre la reforma del mercado laboral. Para el 55 por ciento de los encuestados, dicha reforma contribuirá entre poco y nada a la creación de empleo. Un 24 por ciento cree que algo y un exiguo 11 por ciento, más optimista, como el presidente, dice que entre mucho y bastante.

Los más críticos son los electores declarados del PP, dado que un 69 por ciento se inclina por las opciones más pesimistas, a pesar de que su formación política siempre ha sido una firme defensora de la reforma del mercado laboral. Ese pesimismo se atempera entre los votantes socialistas, ya que un 47 por ciento duda de la eficacia de las medidas que el Consejo de Ministros aprobará hoy frente a un 32 por ciento que opina que en «algo» contribuirá a la creación de empleo.

Coincidencia de opinión

Aunque con distintos porcentajes, tanto los simpatizantes de uno y otro partido coinciden a la hora de analizar el impacto que sobre la creación de empleo pueden tener las distintas medidas. Así, mayoritariamente opinan que introducir condiciones de trabajo más flexibles, favorecer la reducción de la jornada en momentos de dificultad, bonificar el contrato de los colectivos con dificultades de inserción laboral o rebajar las cotizaciones a las empresas repercutirá positivamente para crear puestos de trabajo. Pero, en cambio, no creen en las bondades de ampliar las causas de despido procedente ni de abaratar el despido.

Las encuestas siempre arrojan una baja valoración de la clase política de la que tampoco se salvan los agentes sociales, según nuestro sondeo. Ni los líderes sindicales Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo ni el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, superan el aprobado. El más conocido (77 por ciento de grado de conocimiento) y el más valorado es Méndez, que se queda con un 3,4 por ciento, le sigue Fernández Toxo con un 3,3 y Díaz Ferrán con 2,2. Ni socialistas ni populares les dan un aprobado, aunque los votantes del PSOE valoran más la actuación de los líderes sindicales que del responsable de la Patronal.

Los encuestados se suman en cambio de forma mayoritaria a otras medidas alternativas, alguna de las cuales ha esbozado el PP y, otras, han sido lanzadas a modo de globo sonda por el Gobierno para evaluar su impacto en la población. Los resultados de este sondeo son un buen termómetro de por dónde van los ciudadanos. El 84 por ciento apoya un recorte de las subvenciones a los partidos políticos y un 70 a los sindicatos. Además, no ven con malos ojos

(75 por ciento a favor) que se suban los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, pero, en cambio rechazan casi por igual, al margen de adscripciones o preferencias políticas, el pago de 1 euro por cada visita al médico en la Sanidad privada así como que se recorten las subvenciones a las oenegés.

El repudio al «decretazo» es mayoritario pues suma un 60 por ciento de encuestados que lo consideran desacertado frente a un 36 que lo creen acertado. Entre los votantes socialistas se reparten a partes prácticamente iguales los que lo apoyan (49 por ciento) y los que lo rechazan (48 por ciento). En cambio, los populares no caen en las medias tintas: un 78 por ciento no duda en afirmar que el último decreto-ley, por el que se congelan las pensiones o se rebaja el sueldo de los funcionarios, es claramente desacertado.

Nueva subida de impuestos

Esto en cuanto a lo que ya podemos considerar pasado. En cuanto al futuro, los ciudadanos parecen tener asumido que nos encontramos al principio de un largo camino que se materializará en nuevas medidas destinadas tanto a la contención del gasto como al incremento de ingresos. Una de ellas, la más evidente, es el convencimiento generalizado de que el Gobierno anunciará en los próximos meses nuevas subidas de impuestos después de que lo hayan hecho, y con fruición, los gobiernos autonómicos socialistas de Cataluña, Baleares, Andalucía, Extremadura y Asturias. De hecho, cabe recordar que el trabajo de campo de este sondeo se realizó coincidiendo con la carrera abierta por los jefes de Ejecutivo de estas Comunidades por subir los impuestos «a los ricos».

Así, un 74 por ciento de los encuestados se prepara para la subida impositiva frente a un 9 por ciento que confía en un «quizás» y tan sólo un 12 que se debate entre el «seguro/probablemente no». Y ese convencimiento es mayoritario tanto entre socialistas como entre populares, que empatan en porcentaje, un 75 por ciento, lo que quiere decir que no siempre están muy alejados en sus planteamientos.

Asimismo, un 70 por ciento cree que habrá nuevos recortes de gasto público, además de los ya aprobados en el «decretazo social».